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Antonio Fuentes Díaz

El artículo discute la aparición de respuestas ciudadanas frente a la violencia, tanto en segmentos sociales urbanos, como en comunidades rurales, caracterizadas fundamentalmente por la apropiación y privatización de la Seguridad. Propone entender estas respuestas, como parte de un continuum en la gestión particularizada de riesgos, que adopta múltiples formas, desde los ámbitos de la seguridad privada, la vigilancia electrónica y el encerramiento urbano, hasta la justicia vigilante y la autodefensa armada. Todas ellas dentro del marco de gubernamentalidad neoliberal en donde ejercen efectos de control social.
En las últimas tres décadas en México y latinoamérica, el ejercicio de la violencia pasó de radicar en las agencias del Estado a los principales sujetos de la disuación y del terror (en sus niveles diferenciales para cada uno de los países latinoamericanos), hacia una violencia difundida en el cotidiano de las relaciones sociales y con múltiples ejecutores. Sostengo que este cambio revela una tranformación en la manera en que se mediaban politicamente las relaciones sociales, vinculada con el ejercicio de gobierno neoliberal y la acumulación de capital (Fuentes Díaz, 2014)
En las últimas décadas la violencia presente en México se arraigó en un contexto en el que la neoliberalización fue transformando las instituciones del Estado y modificando la vida económica y social. En dicho escenario, violencia y democracia se enlazaron bajo la lógica de la seguridad; paradigma central del gobierno contemporáneo, que ha interconectado los contextos de incertidumbre social con las demandas ciudadanas a los gobiernos, muchas veces tendientes a la instauración de la “mano dura”, generando una nueva forma del consenso social (Murillo, 2004).
Como lo han sostenido estudios sobre el gobierno contemporáneo (Foucault, 2007), la inseguridad tiene que ser entendida como un producto inherente al régimen neoliberal, el peligro e incertidumbre en las actividades económicas, centradas en la actividad individual como base de la competencia y sin regulación estatal, genera “riesgos” que deben ser administrados por las políticas de seguridad. Sí la seguridad se vuelve central para entender el despliegue del neoliberalismo, permite entender cómo este ha impactado la reorganización de las relaciones sociales en múltiples ámbitos, para los casos que aquí destaco, la instauración de vigilancia y control territorial en la auto protección comunitaria.
La percepción sobre la inseguridad y la vulnerabilidad de segmentos sociales en el país, ha fomentado la aparición de acciones defensivas y de vigilancia organizada en torno a la seguridad. En México, la urgencia de seguridad en las últimas tres décadas ha llevado a colectivos y comunidades a defenderse de agravios cometidos a bienes y personas a partir del ejercicio de la violencia colectiva. Desde la década de los 80 del siglo XX hasta el año 2013, han ocurrido cerca de 900 linchamientos integrándose como un repertorio de acciones legítimas. (Fuentes Díaz, 2006).
Es a estos procedimientos que apropian la violencia instaurando ordenes de seguridad en formas defensivas, a lo que denomino ordenes privados de regulación de la seguridad. Una amplia proliferación de estos ordenes han sido erigidos con vigor desde los años 90 y hoy toman una fuerza expresiva de dimensiones aún por investigar, a través de la autodefensa armada.
Hacia las últimas dos décadas, y particularmente a partir del 2013, varias comunidades en el país han transitado más allá de la defensa ocasional y de la sanción espontánea de acciones justicieras como los linchamientos y han erigido estructuras permanentes de vigilancia y seguridad.
En los primeros meses de 2013, en los estados de Michoacán y Guerrero, en el occidente de México, emergieron en diferentes comunidades rurales y urbanas, grupos organizados para la defensa comunitaria en contra del crimen organizado, desembocado en la instauración de estructuras vigilancia y de seguridad con carácter permanente y algunas han transitado a la conformación de sistemas de justicia alternos a las instituciones oficiales. Ejemplos de ello se habían documentado para países como Perú y Mozambique (Starn, 1991; Alberdi, 2001). Ambos con Estados omisos en cuanto a la extensión de la protección a amplios segmentos poblacionales y con altos déficits en los índices de administración de justicia. En el contexto mexicano, algunas comunidades no solo han formado sistemas de justicia alternos y cuerpos permanentes de seguridad, sino que han transitado hacia la formación de gobiernos “autónomos”.
Estos fenómenos implican momentos de reapropiación y retención de la fuerza y del control, más allá de las instituciones del Estado. La tendencia a la reapropiación de la seguridad y la regulación de la violencia en esos ámbitos particulares, en las formas en las que esta ha aparecido (encerramientos urbanos o comunidades defensivas), nos habla de una manera diferente de reorganización territorial y del gobierno de la población contenida en dichos ámbitos.
La novedad respecto a la seguridad que los ordenes privados ponen en juego, es precisamente la tendencia a su apropiación/privatización particular y su tendencia a la disociación del monopolio estatal de la violencia; a la proliferación de múltiples puntos desde donde ejercer acciones de seguridad y regulación de la violencia, incluyendo al propio Estado. La privatización de la producción de seguridad no lleva implícitamente a la caída de las competencias reguladoras y directivas del Estado, sino a un coexistencia de múltiples centros desde donde ejercer control social. Se constituyen en las nuevas formas neoliberales de la contención del riesgo, a la vez que se incorporan como ejercicios auto regulatorios de la inherente inseguridad sistémica.
Un punto de interés a discutir sobre el control poblacional contemporáneo, es la utilización de un amplio abanico de tecnologías para tal fin, desde la sofisticación de la vigilancia electrónica y la tecnopolítica, hasta la emergencia de acciones vigilantes y grupos particulares de control territorial, supliendo así las funciones de seguridad que el Estado, en su gestión neoliberal, no proporciona.
Así entendidas, las formas privatizadas de la seguridad y las formas apropiadas, son simultáneamente compensatorias del retraimiento de la seguridad estatal, ambas formas se vinculan con la mayor participación de los ciudadanos, incluyendo la ciudadanía armada. Esta apropiación es la nueva cara de una gubernamentalidad que genera riesgos y fomenta su contención desde múltiples actores que ejercen la fuerza en el establecimiento de la seguridad. La apropiación ejerce un control territorial y social. Estos actores a través de la vigilancia electrónica, la seguridad privada, el linchamiento y la autodefensa armada, ejercen ahora efectos de estado (Trouillot, 2003). Se hará necesaria mayor investigación para detallar esta nueva función.

Palabras clave: vigilancia, control social, seguridad, autodefensa.

Referencias bibliografícas:
Alberdi, J. (2001). Gobernabilidad y Formas populares de Justicia en la Nueva Sudáfrica y Mozambique: Tribuales comunitarios y Vigilantismo. Convergencia, 25,11-35.
Foucault, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
Fuentes Díaz, A. (2006). Linchamientos: fragmentación y respuesta en el México Neoliberal, BUAP.
Fuentes Díaz, A. (2014). Necropolítica, violencia y disputa desde los márgenes del estado en México. In: Wacquant, et. al. Tiempos Violentos. Barbarie y decadencia civilizatoria (p.297-319). Buenos Aires: Herramienta.
Murillo, S. (2004). El nuevo pacto social. La criminalización de los movimientos sociales y la ideología de la inseguridad, Revista OSAL, 14.
Starn, O.(1991). Reflexiones sobre rondas campesinas. Protesta rural y nuevos movimientos sociales. Lima: IEP ediciones,.
Trouillot, M. R. (2003). Global Transformation. Antropology and the modern world, Palgrave, McMillan.