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Nelson Arteaga Botello

Las cámaras de vigilancia están orientadas a prevenir y documentar hechos delictivos, pero también permiten la definición de estrategias de control social y político, lo que repercute en la forma como pudiesen ejercer su ciudadanía algunos sectores de la población. Si el uso de este tipo de sistemas de vigilancia va en aumento en gran parte del país, ello obliga a discutir sus efectos, no sólo en el ámbito de la seguridad pública, sino, a su vez, sus posibles usos políticos y los mecanismos establecidos por los gobiernos para acoplar información de distinto tipo. La instalación de los CCTV debe ir acompañada, por lo tanto, de un debate abierto, transparente e incluyente entre los diferentes actores sociales y gubernamentales, con el fin de garantizar que esto responda, ante todo, a las demandas de la población, y no a intereses políticos vinculados a la mera gestión social y del espacio urbano.
El 1 de diciembre de 2012, después de una campaña presidencial que se caracterizó por la polarización de posiciones políticas, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, tomó protesta como presidente de la república por un periodo de seis años. Mientras la investidura del nuevo presidente se llevaba a cabo en el palacio legislativo, las calles de la ciudad de México fueron el marco de protestas y enfrentamientos entre policías y grupos de jóvenes de distintas posiciones políticas, quienes manifestaban su desacuerdo con dicha investidura. Las cámaras de vigilancia desplegadas por el gobierno de la ciudad, el gobierno federal y las televisoras, capturaron las batallas en las calles. Estas imágenes sirvieron para alimentar una campaña de denuncia en los medios de comunicación en contra de los manifestantes, a quienes se les calificó como “vándalos”, “anarquistas” y “criminales”. Estos videos sirvieron como mecanismo para perseguir, localizar y detener a varios de los protagonistas de las revueltas, así como prueba de hechos en los procesos judiciales que se abrieron. Por otro lado, los manifestantes desplegaron estrategias de sousveillance, y colocaron en sus videos en plataformas sociales con el fin de mostrar el despliegue “excesivo y provocador” de las fuerzas orden. El presente trabajo muestra cómo se desplegaron ambas formas de vigilancia –desde arriba y desde abajo–, cómo se construyeron con ellas narrativas de verdad sobre la violencia y la seguridad, y en qué medida definieron los limites entre la protesta política legal e ilegal.
Es importante analizar la forma cómo se construye desde arriba la vigilancia de la protesta porque se constituye en una visión desde la cual es posible detectar desplazamientos de manifestaciones y marchas, localizar liderazgos, calcular la fuerza de la movilización y definir, por tanto, estrategias de contención. Esto significa que se transforma la movilización de las llamadas “masas” en un cuerpo definido y delimitado en el espacio, que permite su segmentación, fraccionamiento y desarticulación, disminuyendo así su capacidad de expresar demandas. Esta capacidad de la política vertical sobre las movilizaciones parte del principio del “contra ataque preventivo”: el monitoreo de las concentraciones populares hace factible la definición de sus contornos y desplazamientos en tiempo real con el fin de limitar sus áreas de influencia. Incluye la vigilancia y grabación de lo que sucede con la protesta para abrir posibles expedientes de actuación a quienes participan en las movilizaciones –no sólo sus líderes más visibles–, y transformarlos, de considerarlo conveniente, en evidencias judiciales. Por otro lado la vigilancia y monitoreo de la protesta permite garantizar una mayor velocidad con que las autoridades pueden mirar e intervenir en territorios y espacios determinados. En un lapso corto de tiempo se pueden tomar decisiones en consideración de datos que se recogen en tiempo real que transforman sujetos sociales en targets.
La vigilancia de este tipo genera un desmantelamiento del espacio público como escenario de confrontación tensión y negociación política, y su transformación en una geometría de fuerzas. En tanto blancos u objetivos en un medio determinado, que se mueven y desplazan de un punto a otro de una espacialidad, lo importante es contenerlos y moldearlos desde cierto aparato de captura que permita su control. El primer elemento mina las capacidades dialógicas de la democracia, mientras que el segundo profundiza la asimetría de poder al reducir la situación a una confrontación de fuerzas.
La relación ciudadanía Estado queda mediada tecnológicamente construye una autoridad a distancia en dos sentidos: constitucional y espacial (Rose, 1989). La primera refiere a las operaciones de decisión y acciones bajo formas que se alejan de los mecanismos de autoridad tradicional. La segunda a la formas de gobierno que están ligadas a expertos en lugares distantes operando por líneas de fuerza a través del espacio y el tiempo. Más aún su presencia sugiere la consolidación de una dimensión internacional de administrar las poblaciones. La ciudadanía que emerge de estas relaciones a escala global, habla de la estandarización de una forma específica de gobernar la movilidad, clasificar grupos e intervenir sobre ellos. Una forma particular de gobierno que implica un desdibujamiento de las formas habituales de regulación y control social.
Por otro lado la vigilancia lateral permite generar mecanismos de protección social frente a la fuerza policial y funciona como un mecanismo de contrapoder en muchos casos. En este sentido resulta importante analizar la forma en cómo los manifestantes han construido formas de vigilancia para cuidarse entre ellos y protegerse de los excesos de fuerza de la policía. La vigilancia lateral o vigilancia desde abajo permite de esta forma la confrontación con la vigilancia desde el poder político.
La agenda de la democracia en América Latina parece no prestar mucha atención a estos procesos cuando en la región la construcción de la democracia no puede entenderse sin explorar en las relaciones de dominación y violencia de gobiernos, élites y grupos sociales. Los mecanismos de dominación y violencia desde el Estado han permitido configurar los marcos en los que definen la ciudadanía, la justicia y el derecho. Por tanto, la política de desarticulación social que transforma personas y colectivos en targets o blancos no puede ser abordado simplemente como un defecto en el diseño institucional de sus democracias, de sus fuerzas del orden y del sistema de justicia, en la medida en que resultan más bien un componente central de su organización social. Por otro lado los grupos de protesta generan con los procesos de vigilancia lateral y subvigilancia nuevos mecanismos de resistencia que permiten generar un mapa de confrontación particular.

Palabras clave: vigilancia, protestas políticas, ciudadanía, gobierno.