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Luis García Fanlo
En los últimos años el discurso sobre la (in)seguridad ha generado importantes movimientos de opinión e incluso de protestas masivas y callejeras en la Argentina que si bien se inscriben en el marco de las transformaciones ocurridas a nivel mundial luego de la caída del Muro de Berlín y los Atentados del 11/S tienen rasgos fuertemente locales y singulares. La sociedad argentina atraviesa por un largo proceso de heterogeneización de su estructura social motivado por un profundo desarrollo desigual y combinado iniciado con la dictadura militar de 1976 y que los gobiernos democráticos de los últimos 30 años no han podido, no han querido o no han sabido estabilizar o revertir. En consecuencia, en la actual sociedad argentina coexisten sectores sociales con alta y sofisticada capacidad de consumo y otros totalmente excluidos cuyos únicos dispositivos de acceso a condiciones mínimamente tolerables de existencia consisten en las ayudas sociales gubernamentales y las prácticas delictivas (en muchos casos asociadas entre sí) en una extensa gama de modalidades que van desde el delito amateur a las bandas profesionales de alto impacto (secuestros extorsivos, narcotráfico, robos de automóviles, camiones de transportes de mercancías, etc.); entre unos y otros la sociedad asume el entramado de un complejo patchwork anómico y desarticulado. El efecto político de esta situación ha consistido en que el gobierno ha comenzado a coincidir con la oposición en la necesidad de implementar políticas de seguridad masivas tales como instalación de cámaras de videovigilancia en calles, trenes, estaciones ferroviarias, subterráneo, comercios, espacios públicos, escuelas, hospitales, etc., la proliferación de “botones de pánico”, la presentación de proyectos para regular Internet, en particular Twitter y Facebook, dispositivos biométricos de identificación, etc. aunque la opinión pública extendida es que es insuficiente. En otros trabajos analicé las iniciativas del gobierno nacional tendientes a implementar una sociedad de seguridad en la Argentina, su genealogía y sus efectos de poder sobre las relaciones sociales de poder. Allí se utilizaba el concepto de sociedad de seguridad para hacer referencia a un cambio en las formas en que la consigna “vigilar y castigar” se transformaba en “vigilar e identificar” para terminar en algo así como “quiero que me vigilen y me controlen porque de otra manera no puedo ser libre”. Los dispositivos disciplinarios están constantemente regimentando cómo se deben hacer las cosas y qué debemos pensar sobre las cosas que hacemos, en tanto los dispositivos de seguridad nos dejan hacer con un alto nivel de permisividad ya que responden a una forma de ejercicio del poder que solo es capaz de producirse a través de la libertad de cada uno y con el apoyo en ella: la libertad de los sujetos aparece como la condición de posibilidad de su sometimiento. Los dispositivos de seguridad, no obstante, no eliminan ni vuelven obsoletos a los dispositivos disciplinarios y jurídico-legales (soberanos) sino que los reactualizan, subsumen y asocian entre sí reconfigurando las redes de poder preexistentes. Un ejemplo de esta simbiosis la encontramos en la convergencia entre los antiguos sistemas de cámaras de seguridad que se empleaban para vigilar emplazamientos de encierro (CCTV) y las modernas y sofisticadas redes de videovigilancia digital cuya instalación es solicitada insistentemente por la población en la presunción de que ser vigilado le proveerá de inmunidad contra el delito y la inseguridad ciudadana. Si en la sociedad de vigilancia ésta se ejerce sobre individuos encerrados, en la de seguridad alcanza absolutamente a todos los individuos y los espacios públicos por los que transitan cotidianamente y, además, es exigida como un derecho por aquellos que van a ser vigilados. En línea con esa investigación en curso me interesa abordar en esta ponencia el surgimiento de “comunidades de vecinos” que toman en sus propias manos la implementación de dispositivos de seguridad al margen de las leyes vigentes y en muchos casos en forma claramente contrapuesta y enfrentada con las políticas gubernamentales (nacionales, provinciales, municipales), asumiendo funciones de policiales de identificación de personas, vigilancia masiva, cierre de calles, uso de grupos de “WhatsApp”, monitoreo por Internet de la circulación de personas, etc. Al mismo tiempo las autoridades suelen ofrecer asistencia y ayuda a estas “comunidades de vecinos” en lugar de desalentarlas y hacer lo necesario para que el Estado reasuma el monopolio del control de los dispositivos de seguridad, argumentando que no disponen de presupuesto o que no cuentan con los efectivos policiales necesarios o porque las comunidades de vecinos sirven a propósitos electorales o son funcionales a estructuras territoriales de poder político. Vale la pena recordar que en el proyecto original del panóptico su creador, Bentham, dice que lo ideal sería que todos los ciudadanos se turnaran para ocupar el lugar del vigilante en la Torre Central para de esa manera democratizar el sistema de vigilancia y el control sobre los encerrados. En la Argentina actual tendríamos una versión corregida y aumentada de la vieja utopía panóptica. De modo que parece relevante, pertinente y oportuno describir e intentar explicar los modos de funcionamiento de estos puntos de apoyo de la sociedad de seguridad en la cotidianeidad de la sociedad civil y las posibles consecuencias que este tipo de iniciativas tengan o puedan tener en el futuro sobre las condiciones sociales de gobernabilidad y la vigencia de las libertades democráticas y la democracia en la Argentina actual. Lejos de generase un movimiento social orientado a la contra-vigilancia o, al menos, a resistir los intentos por convertir al conjunto de la población en una masa de individuos potencialmente peligrosos, los argentinos demandan ser vigilados y controlados a tal punto que están dispuestos a hacerlo por ellos mismos practicando la “seguridad por mano propia”. Adicionalmente, el hecho de que el propio poder político municipal no solo apoye estas iniciativas sino que las financie y las incite tiene implicancias que van mucho más allá de la “seguridad ciudadana” y el combate al crimen para inscribirse en estrategias de poder articuladas con los intereses económicos de las grandes empresas proveedoras de tecnologías de vigilancia y control social generándose un negocio de varios cientos de millones de dólares sumado al almacenamiento y administración de las bases de datos por parte de estas mismas empresas. En resumen, nos proponemos contestar la pregunta acerca de cómo fue posible que se llegara a esta situación en una sociedad como la nuestra en la que la clase media fue históricamente recelosa de su privacidad y por lo tanto qué cambios se han producido también en las formas de subjetivación asociadas con estas prácticas ciudadanas de auto-vigilancia.
Palabras clave: seguridad, vigilancia, control, dispositivos.